Cuba
Obispos remarcan necesidad de un diálogo nacional en Cuba: "la Iglesia Católica lo desea, y está dispuesta"
Obispos y otros miembros de la Sociedad Civil de Cuba coincidieron este domingo, en declaraciones a Martí Noticias, en la necesidad de favorecer una conversación entre diferentes actores de la nación para buscar una respuesta efectiva a la crisis que asola la Isla.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, Obispo de la Diócesis de Holguín, remarcó la importancia del diálogo esclarecedor.
“En Cuba utilizamos el dicho ‘hablando nos entendemos’. Es importante, por tanto, tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común, que es propiamente lo nuestro, por eso considero que lo importante es tener la disposición. Como es lógico, la Iglesia Católica lo desea, y está dispuesta, para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad", afirmó.
Añadió que un estado laico está integrado por grupos intermedios, y cada grupo "tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que, verdaderamente, logra el bien común", afirmó.
El Arzobispo de Santiago de Cuba Dionisio García Ibáñez, evaluó, por su parte, que “por el bien de este pueblo, la iglesia, de la misma manera que ayuda a otras personas, está dispuesta siempre a cooperar, pero eso significa también que las partes quieran y se les pida”.
Las declaraciones de los obispos, coinciden con las hechas la semana pasada por el Secretario Adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, al medio estadounidense NBC. Suárez dijo que la Iglesia católica está disponible para facilitar el diálogo, “si los distintos actores políticos” lo acuerdan, para encontrar una solución a la crisis que vive el país.
Suárez recordó las protestas que sacudieron el extremo oriental del país en marzo pasado.
“En las protestas del 17 de marzo pasado, este dolor se convirtió en un grito, en un grito que fue escuchado y que ha sido aceptado, digamos, por todos los niveles del país”, señaló Suárez. “Ese grito reflejaba angustia, reflejaba desesperación, y que la gente pedía, evidentemente, una situación diferente a la que estaban atravesando”, agregó.
El 17 de marzo pasado, cientos de pobladores de la capital santiaguera, del municipio El Cobre en la misma provincia y de Bayamo, en la provincia Granma, salieron a las calles a pedir alimentos, medicinas y el fin de los constantes cortes del servicio eléctrico.
Los problemas que reclamaron los manifestantes tuvieron un alivio momentáneo, pero siguieron sin resolverse, pese a las promesas de las autoridades gubernamentales.
La entrevista de Suárez presta atención a la declaración difundida, tras las demostraciones de marzo, por la diócesis de Holguín, que encabeza Aranguren.
“Como iglesia, nos corresponde apoyar la creación de espacios de diálogo donde puedan participar los diferentes sectores de la sociedad, para encontrar caminos que nos ayuden a seguir adelante con una disposición tranquila y esperanzada”, advierte el comunicado.
Suárez indicó que los obispos han convocado a rezar para que “quienes están en el poder tengan la sabiduría y la audacia para tomar decisiones que beneficien la vida de las personas”.
Al respecto, el activista político Manuel Cuesta Morúa cree tener el consenso de dos plataformas que agrupan a varias de las organizaciones de la Sociedad Civil independiente cubana: D’Frente y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
“Eleva a un nivel de conciencia social y política, y sobre todo nacional, que es el enfoque fundamental en este momento, a una institución, justamente, como la Iglesia Católica, con sedimento histórico en la fundación misma de la nación, que yo creo que eso es clave, porque genera una capacidad de consenso importante para todos los cubanos, independientemente de la diversidad religiosa”, subrayó el politólogo.
“Creo que es clave que los actores de la sociedad civil y los actores de la comunidad política prodemocrática apoyen este llamado en un diálogo que, por supuesto, debe incluir a todos cubanos, fuera y dentro, sobre todo, los que tienen una voluntad positiva de enrumbar un proceso que es complicado de transición democrática, en el que se beneficien todos con la participación de todos”, resaltó.
En relación con las afirmaciones del Padre Ariel Suárez, el periodista independiente y analista Evert Oscar, desde Moa, Holguín, se mostró reticente.
“Habría que preguntar si le es posible enumerar con nombres y apellidos cada factor que contempla elegible para parlamentar, mesa por medio, con la empresa criminal conjunta, que es también la dueña de esa mesa y sus asientos, así como de la prensa que oficiaría para documentar lo convenido a la usanza dictatorial, editando y filtrando”, dijo en referencia al régimen cubano y la prensa estatal.
“Los enquistados en el poder se arrogan el derecho a designar a los que se sentarían a teatralizar la farsa que vende bien al mundo, prueba de ello es lo fácil que han minado y suplantado a la sociedad civil cubana, con actores propios y parciales, de muy flexible moral, para camuflar al estado fallido de emprendedores lícitos”, opinó.
No obstante, el también vicesecretario de la Conferencia Episcopal cubana expresó su deseo de que las diferentes posiciones “no sean hostiles” entre sí y que “puedan ayudar a encontrar las soluciones concretas que este pueblo necesita”.
“Sí hay contradicciones y las hostilidades de todo tipo vigentes hace tanto tiempo, que no las generó el pueblo nuestro y sí los delincuentes con los que pretende, nos reunamos y razonemos”, puntualizó Evert Oscar.
Líderes opositores al régimen han precisado que la solución pasa por una transición pacífica de Cuba hacia una democracia que garantice los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo.
En el Plan Pastoral 2023-2030 de la Iglesia se despliegan consecuencias de la política económica del régimen como la carencia de alimentos y medicinas, la inflación y el malestar creciente de una población agobiada por la crisis.
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Ley bipartidista propone documentar restricciones totalitarias a Internet y pone a Cuba de ejemplo
La congresista republicana María Elvira Salazar y la representante demócrata Sara Jacobs proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos.
La Ley bipartidista de Libertad Global en Internet (H.R. 8309) requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad en Internet, incluido el corte de servicios de Internet, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital, en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.
“Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a Internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio (de 2021) y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad”, expresó en un comunicado la cubanoamericana Salazar.
“Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley Global de Libertad en Internet nos brinda esa información”, agregó la representante por la Florida.
Por su parte Jacobs manifestó que en el siglo XXI, la libertad en Internet es un derecho humano y que "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más”.
La representante demócrata por California recordó que "lamentablemente, decenas de países practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".
Además alertó que la Inteligencia Artificial plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en Internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales.
Según explican ambas representantes, su propuesta incluiría que los informes de derechos humanos describan los abusos a la libertad en Internet, incluidas las barreras al acceso a Internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.
El derecho a Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano el 4 de julio de 2018 y considera que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.
El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Madres cubanas exigen una respuesta del "compañero gobernador Eumelín" y se plantan en oficina de Pinar del Río
Con sus hijos en brazos y posando en oficinas gubernamentales en las que cuelgan fotografías de Fidel Castro y Hugo Chávez, cuatro madres cubanas esperaron durante horas el viernes recibir respuestas de las máximas autoridades de Pinar del Río a los serios problemas que enfrentan.
"El tema es la vivienda, el gas liquado, y la afectación del televisor y ventilador de mi niño que con el quita y pon de corriente me los quemaron. Se llama a la Empresa Eléctrica y me informan que tienen que hacer un expediente y enviarlo aquí al gobierno provincial, del gobierno provincial enviarlo a La Habana y La Habana es quien da solución. Yo no puedo esperar tanto tiempo", declaró una de ellas frente al Gobierno Provincial de Pinar del Río.
En un video que divulgó la activista cubana exiliada en Estados Unidos Diasniurka Salcedo, esta madre explicó que acudieron a la Oficina de Atención a La Población y desde las 8 de la mañana pidieron ser atendidas por "el compañero gobernador Eumelín", en referencia a Eumelín González Sánchez, gobernador de la provincia de Pinar del Río.
Esta misma semana, siete madres cubanas se plantaron frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios.
Ellas mismas en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
Recientemente el mandatario cubano, al ser cuestionado por el periodista Ignacio Ramonet sobre el carácter de las crecientes protestas en Cuba, dijo que se deben a "la coincidencia de varios factores: apagones prolongados, problemas del transporte, las carencias de la vida, problemas para garantizar la canasta básica, problemas con los alimentos, problemas con medicamentos".
"En determinado momento se han producido en algunos lugares también y con una determinada participación, yo diría, en mayor número, más masiva en los sucesos del 11 de julio; menos masiva en la del 17 de marzo, aunque los medios la presentaron como muy masiva como parte del otro componente de esta política agresiva hacia Cuba de máxima presión, que es por una parte la asfixia económica con el recrudecimiento del bloqueo, y por otra parte es la intoxicación mediática donde tratan de desacreditar a la Revolución Cubana, y donde hay una Cuba virtual y una Cuba real. Entonces, se han producido, en un grupo de lugares, reclamos populares. ¿Qué características han tenido los reclamos? La mayor parte de estos reclamos han transcurrido en una situación de reclamo pacífico, donde la mayor parte de la población que ha ido a reclamar lo que ha pedido es explicación. Fíjate, no son reclamos de ruptura con la Revolución, la gente ha ido a instituciones del Gobierno o a las instituciones del Partido", justificó Díaz-Canel.
Sin embargo, organizaciones independientes que velan por los derechos humanos en Cuba han verificado que hay decenas de personas detenidas en tras las recientes protestas populares ocurridas el pasado 17 y 18 de marzo.
ONG registra 1.100 presos políticos en Cuba, torturas en cárcel de Boniato y periodistas en peligro
La organización Prisoners Defenders registró un total de 1.100 prisioneros políticos en Cuba hasta el 30 de abril. El informe mensual también alerta sobre casos de tortura en una cárcel de Santiago de Cuba y sobre el hostigamiento a periodistas independientes.
La entidad con sede en Madrid, España, dijo que la relación de presos políticos incluye a personas que están "sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
"En los últimos 12 meses (1 de mayo de 2023 a 30 de abril de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 180 nuevos presos políticos (un promedio de 15 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.217 prisioneros políticos en Cuba, recordemos una vez más, todos ellos torturados", indicó.
"Han entrado este mes de abril en nuestra lista 13 nuevos prisioneros políticos en Cuba. Y han sido 5 los prisioneros políticos que han salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta", agregó el informe.
Javier Larrondo, al frente de Prisoners Defenders, explicó a Martí Noticias que esta escalada represiva ocurre mientras Miguel Díaz-Canel le desea éxito a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania.
Su informe recoge denuncias de torturas en la Prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, a los prisioneros políticos Daniel Moreno de la Peña e Iliván Fuentes Fonseca.
Larrondo además alertó sobre el hostigamiento a los periodistas independientes que aún trabajan en la isla como Camila Acosta, Carlos Michael Morales, Armando de Jesús Sardiñas Figuereo, José Luis Tan Estrada y Emilio Almaguer de la Cruz.
Políticos reaccionan a la exclusión de Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo
Un grupo de políticos estadounidenses calificó como "un fracaso" del gobierno de Joe Biden" la decisión de excluir a Cuba del listado anual de países que "no cooperan plenamente" en los esfuerzos antiterroristas de Washington.
"Una vez más, la administración Biden ha cometido un error en su política exterior que socava nuestros intereses de seguridad nacional. La débil explicación para negarse a designar al estado terrorista anti-americano de Cuba como un 'país no completamente cooperador' es tan errónea como el resto de su enfoque en política exterior", dijo el congresista Mario Díaz-Balart.
En su declaración, recordó que La Habana "alberga fugitivos de la justicia estadounidense" y es un "aliado cercano" de regímenes como el de Venezuela, China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Además, insistió, "las tropas cubanas están entrenadas para luchar contra Ucrania" y su gobierno ha incurrido en delitos como el contrabando de armas hacia Corea del Norte.
Para el congresista Carlos A. Giménez, la medida es "peligrosa para la seguridad nacional" de Estados Unidos. "Insto al presidente y a su equipo a que abandonen esta mala política de concesiones y traten a Cuba comunista como el régimen paria internacional que es”, comentó.
"Una vez más la Casa Blanca peca de inocente o es bastante evidente su condescendencia con el régimen de Castro/Díaz-Canel”, agregó la congresista María Elvira Salazar.
El senador Marco Rubio recordó que "el régimen criminal e ilegítimo de La Habana apoya organizaciones terroristas extranjeras en Colombia y alberga a terroristas de ETA al igual que a fugitivos buscados por tribunales en EE.UU”.
“Cada vez que el presidente Biden apacigua al ilegítimo régimen comunista cubano, desestabiliza el hemisferio occidental, apoya el terrorismo y hace un gran favor a los enemigos de Estados Unidos en Rusia, Irán y la China", señaló Rick Scott.
Para el senador, "Biden es demasiado débil y está demasiado comprometido a mantener nuestras fronteras abiertas para obtener el mismo resultado. Lucharé contra viento y marea para revertir esta decisión".
Cuba fue excluida de la lista
El Departamento de Estado determinó esta semana que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, no sería incluida en el listado.
“La ley establece criterios legales específicos para rescindir una designación SST. Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista SST se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, aclaró el organismo.
Tras la noticia, el canciller cubano Bruno Rodríguez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que tidaba de insuficiente la decisión de Estados Unidos.
Cuba había sido excluida de esa lista durante la administración del expresidente norteamericano Barack Obama, pero su sucesor, Donald Trump, volvió a incluirla en 2021.
Este jueves, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aclaró en su conferencia de prensa diaria que esto es totalmente independiente de la designación de un Estado Patrocinador del Terrorismo (SST), en la que Cuba sigue incluida.
"La ley estadounidense establece criterios estatutarios específicos para rescindir la designación de cualquier estado patrocinador del terrorismo, y cualquier revisión del estatus de Cuba al respecto tendría que basarse en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, aseguró.
Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
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