Cuba
Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
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Ley bipartidista propone documentar restricciones totalitarias a Internet y pone a Cuba de ejemplo
La congresista republicana María Elvira Salazar y la representante demócrata Sara Jacobs proponen documentar las restricciones que hacen los regímenes totalitarios al uso de Internet en los informes de derechos humanos.
La Ley bipartidista de Libertad Global en Internet (H.R. 8309) requeriría que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluya abusos de la libertad en Internet, incluido el corte de servicios de Internet, el bloqueo de sitios web, sitios de redes sociales y aplicaciones, y la participación en otras formas de represión digital, en sus informes nacionales anuales sobre derechos humanos.
“Los gobiernos totalitarios en América Latina dependen de cortar el acceso a Internet para perpetuar su opresión, tal como lo hizo el régimen cubano durante las protestas del 11 de julio (de 2021) y continúa haciéndolo cada vez que el pueblo cubano pide libertad”, expresó en un comunicado la cubanoamericana Salazar.
“Con la libertad global en Internet disminuyendo por decimotercer año consecutivo, Estados Unidos debe garantizar que tengamos información precisa sobre cómo los países están restringiendo el acceso de sus ciudadanos a Internet. La Ley Global de Libertad en Internet nos brinda esa información”, agregó la representante por la Florida.
Por su parte Jacobs manifestó que en el siglo XXI, la libertad en Internet es un derecho humano y que "es esencial obtener noticias e información sobre eventos actuales, conectarse con sus seres queridos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios electos y mucho más”.
La representante demócrata por California recordó que "lamentablemente, decenas de países practican la censura y la represión en línea o imponen castigos draconianos por la actividad en línea, sofocando la libertad de expresión de las personas y su capacidad para conectarse e interactuar con otros".
Además alertó que la Inteligencia Artificial plantea riesgos nuevos y mayores para la libertad en Internet, al permitir a los gobiernos emprender campañas de desinformación en línea y vigilar y censurar la expresión en línea, los sitios web y las plataformas de redes sociales.
Según explican ambas representantes, su propuesta incluiría que los informes de derechos humanos describan los abusos a la libertad en Internet, incluidas las barreras al acceso a Internet, las restricciones indebidas a la expresión en línea y las violaciones indebidas de la privacidad en línea.
El derecho a Internet fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como derecho humano el 4 de julio de 2018 y considera que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos clave para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.
El documento oficial reconoció los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Madres cubanas exigen una respuesta del "compañero gobernador Eumelín" y se plantan en oficina de Pinar del Río
Con sus hijos en brazos y posando en oficinas gubernamentales en las que cuelgan fotografías de Fidel Castro y Hugo Chávez, cuatro madres cubanas esperaron durante horas el viernes recibir respuestas de las máximas autoridades de Pinar del Río a los serios problemas que enfrentan.
"El tema es la vivienda, el gas liquado, y la afectación del televisor y ventilador de mi niño que con el quita y pon de corriente me los quemaron. Se llama a la Empresa Eléctrica y me informan que tienen que hacer un expediente y enviarlo aquí al gobierno provincial, del gobierno provincial enviarlo a La Habana y La Habana es quien da solución. Yo no puedo esperar tanto tiempo", declaró una de ellas frente al Gobierno Provincial de Pinar del Río.
En un video que divulgó la activista cubana exiliada en Estados Unidos Diasniurka Salcedo, esta madre explicó que acudieron a la Oficina de Atención a La Población y desde las 8 de la mañana pidieron ser atendidas por "el compañero gobernador Eumelín", en referencia a Eumelín González Sánchez, gobernador de la provincia de Pinar del Río.
Esta misma semana, siete madres cubanas se plantaron frente a la sede del Gobierno de Marianao, en La Habana, para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martí Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
“Yo no puedo estar sentada en un lugar pensando qué le voy a dar de comer a mis hijos. Mientras no tenga nada voy a dar tremenda guerra”, comentó la mujer, madre de cinco menores de edad.
Tras casi 12 horas de espera en el portal del edificio, las mujeres fueron atendidas por un grupo de funcionarios.
Ellas mismas en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
Recientemente el mandatario cubano, al ser cuestionado por el periodista Ignacio Ramonet sobre el carácter de las crecientes protestas en Cuba, dijo que se deben a "la coincidencia de varios factores: apagones prolongados, problemas del transporte, las carencias de la vida, problemas para garantizar la canasta básica, problemas con los alimentos, problemas con medicamentos".
"En determinado momento se han producido en algunos lugares también y con una determinada participación, yo diría, en mayor número, más masiva en los sucesos del 11 de julio; menos masiva en la del 17 de marzo, aunque los medios la presentaron como muy masiva como parte del otro componente de esta política agresiva hacia Cuba de máxima presión, que es por una parte la asfixia económica con el recrudecimiento del bloqueo, y por otra parte es la intoxicación mediática donde tratan de desacreditar a la Revolución Cubana, y donde hay una Cuba virtual y una Cuba real. Entonces, se han producido, en un grupo de lugares, reclamos populares. ¿Qué características han tenido los reclamos? La mayor parte de estos reclamos han transcurrido en una situación de reclamo pacífico, donde la mayor parte de la población que ha ido a reclamar lo que ha pedido es explicación. Fíjate, no son reclamos de ruptura con la Revolución, la gente ha ido a instituciones del Gobierno o a las instituciones del Partido", justificó Díaz-Canel.
Sin embargo, organizaciones independientes que velan por los derechos humanos en Cuba han verificado que hay decenas de personas detenidas en tras las recientes protestas populares ocurridas el pasado 17 y 18 de marzo.
ONG registra 1.100 presos políticos en Cuba, torturas en cárcel de Boniato y periodistas en peligro
La organización Prisoners Defenders registró un total de 1.100 prisioneros políticos en Cuba hasta el 30 de abril. El informe mensual también alerta sobre casos de tortura en una cárcel de Santiago de Cuba y sobre el hostigamiento a periodistas independientes.
La entidad con sede en Madrid, España, dijo que la relación de presos políticos incluye a personas que están "sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
"En los últimos 12 meses (1 de mayo de 2023 a 30 de abril de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 180 nuevos presos políticos (un promedio de 15 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.217 prisioneros políticos en Cuba, recordemos una vez más, todos ellos torturados", indicó.
"Han entrado este mes de abril en nuestra lista 13 nuevos prisioneros políticos en Cuba. Y han sido 5 los prisioneros políticos que han salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta", agregó el informe.
Javier Larrondo, al frente de Prisoners Defenders, explicó a Martí Noticias que esta escalada represiva ocurre mientras Miguel Díaz-Canel le desea éxito a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania.
Su informe recoge denuncias de torturas en la Prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, a los prisioneros políticos Daniel Moreno de la Peña e Iliván Fuentes Fonseca.
Larrondo además alertó sobre el hostigamiento a los periodistas independientes que aún trabajan en la isla como Camila Acosta, Carlos Michael Morales, Armando de Jesús Sardiñas Figuereo, José Luis Tan Estrada y Emilio Almaguer de la Cruz.
Políticos reaccionan a la exclusión de Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo
Un grupo de políticos estadounidenses calificó como "un fracaso" del gobierno de Joe Biden" la decisión de excluir a Cuba del listado anual de países que "no cooperan plenamente" en los esfuerzos antiterroristas de Washington.
"Una vez más, la administración Biden ha cometido un error en su política exterior que socava nuestros intereses de seguridad nacional. La débil explicación para negarse a designar al estado terrorista anti-americano de Cuba como un 'país no completamente cooperador' es tan errónea como el resto de su enfoque en política exterior", dijo el congresista Mario Díaz-Balart.
En su declaración, recordó que La Habana "alberga fugitivos de la justicia estadounidense" y es un "aliado cercano" de regímenes como el de Venezuela, China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Además, insistió, "las tropas cubanas están entrenadas para luchar contra Ucrania" y su gobierno ha incurrido en delitos como el contrabando de armas hacia Corea del Norte.
Para el congresista Carlos A. Giménez, la medida es "peligrosa para la seguridad nacional" de Estados Unidos. "Insto al presidente y a su equipo a que abandonen esta mala política de concesiones y traten a Cuba comunista como el régimen paria internacional que es”, comentó.
"Una vez más la Casa Blanca peca de inocente o es bastante evidente su condescendencia con el régimen de Castro/Díaz-Canel”, agregó la congresista María Elvira Salazar.
El senador Marco Rubio recordó que "el régimen criminal e ilegítimo de La Habana apoya organizaciones terroristas extranjeras en Colombia y alberga a terroristas de ETA al igual que a fugitivos buscados por tribunales en EE.UU”.
“Cada vez que el presidente Biden apacigua al ilegítimo régimen comunista cubano, desestabiliza el hemisferio occidental, apoya el terrorismo y hace un gran favor a los enemigos de Estados Unidos en Rusia, Irán y la China", señaló Rick Scott.
Para el senador, "Biden es demasiado débil y está demasiado comprometido a mantener nuestras fronteras abiertas para obtener el mismo resultado. Lucharé contra viento y marea para revertir esta decisión".
Cuba fue excluida de la lista
El Departamento de Estado determinó esta semana que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, no sería incluida en el listado.
“La ley establece criterios legales específicos para rescindir una designación SST. Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista SST se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, aclaró el organismo.
Tras la noticia, el canciller cubano Bruno Rodríguez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que tidaba de insuficiente la decisión de Estados Unidos.
Cuba había sido excluida de esa lista durante la administración del expresidente norteamericano Barack Obama, pero su sucesor, Donald Trump, volvió a incluirla en 2021.
Este jueves, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aclaró en su conferencia de prensa diaria que esto es totalmente independiente de la designación de un Estado Patrocinador del Terrorismo (SST), en la que Cuba sigue incluida.
"La ley estadounidense establece criterios estatutarios específicos para rescindir la designación de cualquier estado patrocinador del terrorismo, y cualquier revisión del estatus de Cuba al respecto tendría que basarse en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, aseguró.
Uruguay abre vía para legalizar a miles de inmigrantes, la mayoría cubanos
El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, pueda regularizar su estatus a través del "Programa de Residencias por Arraigo".
De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, se trata de “un nuevo tipo de residencia”, que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación.
Las personas que obtengan esta nueva figura legal podrán luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada este jueves
El funcionario señaló que el decreto representa una “solución transitoria”, que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
"Por ahora no es una solución definitiva. Por lo tanto, no es 'vengan, que esto funciona automáticamente'", dijo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou escuchó el reclamo de la sociedad civil, específicamente las comunidades de cubanos y dominicanos que piden refugio pero luego no cuentan con elementos para probar sus casos, acotó Sánchez.
Cubanos en Uruguay reaccionan a la medida
“Es una gran oportunidad para personas como yo que llevamos meses en Uruguay sin posibilidades de legalizarnos ni hacer la ruta hacia Estados Unidos”, dijo Arianne Martínez, una cubana que emigró al país en 2023 tras cruzar la selva amazónica desde Guyana.
"La mayoría de nosotros queremos estabilizarnos y ayudar a nuestra familia”, añadió.
Uruguay se ha convertido en uno de los países con más emigración cubana en la región debido a las facilidades que brinda Montevideo para que los extranjeros trabajen allí.
Muchos cubanos pagan cerca de tres mil dólares a coyotes que los llevan hacia el sur desde Guyana, uno de los pocos países que no le pide visado a los cubanos en América Latina. La mayoría pasa por Brasil de manera clandestina y otros siguen su ruta a Chile, donde también se ha asentado una importante comunidad caribeña.
Carlos Alberto Madrigal, residente en Montevideo, consideró que se trata de “una gran oportunidad” para trabajar y estudiar en Uruguay.
“Busca que las personas se regularicen y trabajen en blanco, es decir, legalmente. Ayudará a muchísimos inmigrantes”, aseguró.
Grupos de cubanos en Uruguay habían realizado manifestaciones pidiendo la regularización de sus casos. En 2022 las autoridades negaron más del 86 % de las solicitudes de asilo provenientes de migrantes de la isla.
Uruguay cerró 2023 con 24.193 solicitudes de refugio pendientes de resolución. Datos de la Comisión de Refugiados indican que hasta ahora el promedio de espera para la entrevista de los solicitantes era de dos años.
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